lunes, 5 de septiembre de 2011

LA REFORMA CONTRA DIFAMACION DE CANDIDATOS PRESERVA LIBERTAD DE EXPRESION

Se busca erradicar "guerra sucia" de campañas y proteger derecho a la personalidad

La iniciativa de reformas al Código Penal Federal que se prevé apruebe la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados sanciona la difamación en contra de precandidatos, candidatos, partidos y coaliciones, preservando el derecho a la libertad de expresión.
Dicha iniciativa de ley no pretende coartar la libertad de expresión, ya que se preserva la misma, así como el derecho a la personalidad y a la propia imagen, que actualmente no están protegidos y por lo que todos estamos expuestos.
Es una iniciativa que no sanciona las opiniones o las críticas, las cuales son buenas y bienvenidas, la reforma busca frenar la llamada "guerra sucia" que se registró en las elecciones del 2006 y 2009.
Estas reformas, por ser al Código Penal Federal y no al Cofipe, pueden aprobarse y entrar en vigor en el actual proceso electoral, buscan dar mayor sentido a la libertad de comunicación, de expresión y de información.
La iniciativa plantea castigar con seis meses a seis años de prisión y multa de hasta 200 días de salario a quienes calumnien y difamen a partidos, candidatos o precandidatos electorales.
El Código Penal Federal tiene un vacío después de haber suprimido los delitos de difamación, ya que sólo se ofrece un "usted disculpe" si los cargos fueron falsos, sin tener en cuenta que las consecuencias son más graves.
Si el responsable de esta conducta fuera un funcionario electoral, precandidato o incluso un servidor público, la multa deberá ser de 200 a 300 días de salario y prisión de dos a 9 años.
Los delitos electorales, tienen como finalidad alterar los procesos, impiden que éstos se lleven con transparencia, por lo que deben ser castigados quienes levanten falsos a algún candidato y mas si éstas difamaciones tienen tintes electorales.
En el próximo proceso electoral participarán más de 6 mil candidatos a alcaldes, diputados federales y locales, seis gubernaturas y la Presidencia de la República, por lo que debe aprobarse la reforma que evite se repitan esquemas de guerra sucia.