Se busca erradicar "guerra sucia" de campañas y proteger derecho a la personalidad
La iniciativa de reformas al Código Penal Federal que se prevé apruebe la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados sanciona la difamación en contra de precandidatos, candidatos, partidos y coaliciones, preservando el derecho a la libertad de expresión.
Dicha iniciativa de ley no pretende coartar la libertad de expresión, ya que se preserva la misma, así como el derecho a la personalidad y a la propia imagen, que actualmente no están protegidos y por lo que todos estamos expuestos.
Es una iniciativa que no sanciona las opiniones o las críticas, las cuales son buenas y bienvenidas, la reforma busca frenar la llamada "guerra sucia" que se registró en las elecciones del 2006 y 2009.
Estas reformas, por ser al Código Penal Federal y no al Cofipe, pueden aprobarse y entrar en vigor en el actual proceso electoral, buscan dar mayor sentido a la libertad de comunicación, de expresión y de información.
La iniciativa plantea castigar con seis meses a seis años de prisión y multa de hasta 200 días de salario a quienes calumnien y difamen a partidos, candidatos o precandidatos electorales.
El Código Penal Federal tiene un vacío después de haber suprimido los delitos de difamación, ya que sólo se ofrece un "usted disculpe" si los cargos fueron falsos, sin tener en cuenta que las consecuencias son más graves.
Si el responsable de esta conducta fuera un funcionario electoral, precandidato o incluso un servidor público, la multa deberá ser de 200 a 300 días de salario y prisión de dos a 9 años.
Los delitos electorales, tienen como finalidad alterar los procesos, impiden que éstos se lleven con transparencia, por lo que deben ser castigados quienes levanten falsos a algún candidato y mas si éstas difamaciones tienen tintes electorales.
En el próximo proceso electoral participarán más de 6 mil candidatos a alcaldes, diputados federales y locales, seis gubernaturas y la Presidencia de la República, por lo que debe aprobarse la reforma que evite se repitan esquemas de guerra sucia.
lunes, 5 de septiembre de 2011
miércoles, 3 de agosto de 2011
¿Quién le cuida las manos a los Servidores Públicos?
La redición de cuentas de los servidores públicos en México es un concepto muy utilizado en el discurso, pero que poco se lleva a cabo en la práctica.
Entendemos por rendición de cuentas la obligación de los servidores públicos por dar a conocer las acciones que realizan, explicar sus decisiones, el costo de las mismas y sujetarse a sanciones en caso de violar la ley.
La rendición de cuentas es una práctica que busca generar equilibrio, encontrar controles y contrapesos entre gobernantes y gobernados, así como evitar abusos de poder por parte de quienes ostentan el poder.
En el mundo de la política democrática la rendición de cuentes es, hoy, una exigencia.
La rendición de cuentas está conformada por tres elementos indispensables para que sea eficaz. La obligación de los servidores públicos de informar sus actos, justificar en público sus decisiones y la supeditación a la amenaza de sanciones en caso de no cumplir con la ley.
En el discurso, el Presidente Felipe Calderón se comprometió a la “Transparencia y la Rendición de Cuentas, según lo estableció en el apartado 5.5 de su Plan Nacional de Desarrollo.
Y lo define así: “la rendición de cuentas y la transparencia son dos componentes esenciales en los que se fundamenta un gobierno democrático. Por medio de la rendición de cuentas, el gobierno explica a la sociedad sus acciones y acepta consecuentemente la responsabilidad de las mismas. La transparencia abre la información al escrutinio público para que aquellos interesados puedan revisarla, analizarla y, en su caso, utilizarla como mecanismo para sancionar. El gobierno democrático debe rendir cuentas para reportar o explicar sus acciones y debe transparentarse para mostrar su funcionamiento y someterse a la evaluación de los ciudadanos”.
Felipe Calderón incluso enuncia y da cuenta de una estrategia para “fomentar una cultura cívica de transparencia y rendición de cuentas”.
Pero en el Gobierno federal la rendición de cuentas es sólo un discurso, tan es así que cuatro secretarías y casi 30 organismos públicos operan sin titulares de sus órganos internos de control.
Se trata de una anomalía grave y negligente que “casualmente” coincide con la etapa de campañas electorales en algunos estados y previa a la contienda electoral del 2012.
Este hecho deja las manos sueltas a la alta burocracia sobre el manejo de por lo menos 200 mil millones de pesos, tan sólo este año.
Las secretarías que operan sin contralor son Hacienda, Gobernación, Economía y Salud, en lo que constituye un claro abandono por parte del ejecutivo federal de las responsabilidades con el combate a la corrupción en el sector público.
En la Secretaría de Hacienda la dependencia incurre en subejercicios y los recursos ociosos se envíen a fideicomisos especiales, desde donde se emplean de manera discrecional.
Entre las dependencias que carecen de un contralor interno o que funcionan con un interino se encuentran el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes; Caminos y Puentes Federales; Aeropuertos y Servicios Auxiliares; la Comisión Nacional de Valores; la Comisión Nacional Forestal; Financiera Rural.
La lista continúa con la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajador, el Servicio Postal Mexicano, el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), el Consejo Nacional de Población, la Comisión Nacional de Ayuda a Refugiados y la Universidad Pedagógica Nacional, entre otras.
De acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal le corresponde a la Secretaría de la Función Pública designar y remover a los titulares de los órganos internos de control de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y de la Procuraduría General de la República, así como a los de las áreas de auditoría, quejas y responsabilidades de tales órganos, quienes dependerán jerárquica y funcionalmente de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, tendrán el carácter de autoridad y realizarán la defensa jurídica de las resoluciones que emitan en la esfera administrativa y ante los Tribunales Federales, representando al Titular de dicha Secretaría.
En México el fin de la impunidad se ha convertido en un reclamo ciudadano cotidiano, ya que todo indica que la actual administración del Ejecutivo federal institucionalizó la impunidad.
El gobierno de Felipe Calderón opera como una camarilla unida por la ambición y la complicidad, en donde la ley se ha convertido en una herramienta disciplinaria contra los disidentes, los incómodos. El castigo toca a los enemigos, no a los que faltan a la ley.
La exigencia ciudadana por una rendición de cuentas efectiva es un clamor por castigos efectivos.
Hoy en cuatro secretarías de Estado y 30 órganos de gobierno no existe quien le cuide las manos a los servidores públicos.
Reforma Constitucional en Materia de Derechos Humanos.
La reforma constitucional en materia de derechos humanos recién aprobada por el Congreso de la Unión y promulgada por el Ejecutivo Federal, constituye una espléndida conquista de nuestra esforzada sociedad civil, la cual solamente pudo ser obtenida después de una extensa y prodigiosa movilización social frente a un estado tradicionalmente monolítico y esencialmente autoritario.
Luego de esta gran reforma, nuestro país ha saltado a los primeros planos en materia de defensa y promoción de los derechos humanos; la Organización de las Naciones Unidas y no pocos estados del orbe saludan con entusiasmo que México se haya atrevido a catalogar su nombre entre las naciones con aspiraciones realmente civilizadas.
El día 11 de junio, entraron en vigor las reformas constitucionales en materia de Derechos Humanos, surgiendo con esto una relación nueva entre el ámbito del derecho y las facultades que tienen los poderes del Estado mexicano y las tres instancias de gobierno, que tienen la obligación de conocer, velar y cumplir dichas disposiciones legales.
A partir de hoy, las garantías que históricamente se venían reconociendo en la Constitución Generalla República , se equiparan a los Derechos Humanos por tanto se debe entender que unas y otros forman parte sustantiva de la vida jurídica de todos los mexicanos y de los que no siendo, ingresen al territorio.
La LXI legislatura federal logra ir más allá al interpretar los Derechos Humanos de conformidad a la Constitución y los Tratados Internacionales, con lo cual, puedo afirmar, que ha nacido a la vida jurídica de México una especie de “Clon” (o Hermano Gemelo) de la Constitución en materia de Garantías y Derechos Humanos.
Esto es así, toda vez que durante la discusión del proyecto correspondiente, se aceptó que la interpretación relativa a los Derechos Humanos alcanzará el rango idéntico a los Tratados Internacionales, lo que se traduce en la obligación de respetar todos y cada uno de los compromisos que México ha suscrito en materia de Tratados Internacionales.
Compromisos adquiridos, por ejemplo, en tratados como el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que tutela el derecho a la propia imagen; así como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en donde se reconoce el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias; la Conferencia Internacional del Trabajo, que garantiza reconocer el derecho de propiedad y posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan, lo que al aplicarse en México afectará diversos juicios de carácter agrario, o el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en donde se establece que toda propaganda a favor de la guerra estará prohibida por la ley.
Otros tratados internacionales que se incorporan al catálogo de respeto y cumplimiento por México son los que se establecen en la Organización Internacionalla Convención Americanala Declaración Universal
En este orden de cosas, cualquier compromiso jurídico que México haya firmado en el contexto internacional, a partir de la vigencia que la referida reforma constitucional, todas las autoridades y poderes del estado están obligados a su respeto y cumplimiento, no solo aquellos en materia de Derechos Humanos, sino todos los que formen parte de instrumentos en que México reconoce cualquier otro tipo de derechos que correspondan a personas físicas, personas jurídicas, entre otros.
Esto es así porque se reconoce en el texto argumentativo el principio Pro Homini, a favor de las personas, es decir, las garantías, los Derechos Humanos y lo consignado en Tratados Internacionales debe interpretarse siempre de la manera que más favorezca a la persona.
En otro orden para que la interpretación de esta reforma sea eficaz será necesario que las universidades en sus licenciaturas y posgrados modifiquen la currícula académica para incorporar el conocimiento de los Tratados Internacionales en todos los ámbitos y se alcance como norma en la misma jerarquía que la Constitución Generalla República.
Serán las instancias oficiales de los tres órdenes de gobierno las encargadas de materializar el orden de cosas que exige el nuevo texto constitucional. Este nuevo orden reclama una plena concordancia entre las disposiciones de la Constitución y los Tratados Internacionales con las leyes y reglamentos secundarios; es decir, invita a que a la mayor brevedad se haga una adecuación armónica de toda nuestra legislación, pero no solamente con arreglo al texto de la constitución, sino que hoy se requiere adicionalmente que dichas normas tengan también plena conformidad con el texto de los Tratados Internacionales suscritos por México.
Así pues, corresponderá a la actual legislatura del Congreso de la Unión la responsabilidad de discutir y aprobar antes del 10 de junio del año 2012, los siguientes ordenamientos:
1.- Ley reglamentaria del párrafo tercero del artículo 1º de la Constitución en materia de medidas de atención y reparación integral a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, legislación que, considero, deberá tener como principio fundamental, el derecho de las víctimas a ser reparadas por la violación de sus derechos humanos, lo cual deberá realizarse a través de una serie de medidas jurídico-administrativas que redundarán en la restitución, rehabilitación y la indemnización por el daño moral y material causado, así como el establecimiento de las garantías necesarias para evitar repetición de la violación.
2.- Ley reglamentaria del artículo 11, Párrafo Segundo de la Constitución en materia de Asilo, Refugio y Protección Complementaria, ordenamiento que si bien ya existe en nuestro derecho positivo desde el 27 de enero del 2011, no menos cierto es que su texto tendrá que revisarse y adecuarse al nuevo orden constitucional, ya que la citada legislación no concede a ninguno de los organismos protectores de derechos humanos, intervención alguna en los procesos de calificación de las causas y grados de persecución o sufrimiento del pretenso asilado o refugiado, ni sobre el reconocimiento o declaración de la condición de asilado o refugiado, motivo por el cual se estima saludable y necesario que las facultades reservadas en esta materia a la Secretaría de Gobernación, pudieran trasladarse a la CNDH.
3.- Ley reglamentaria del artículo 29 de la Constitución en materia de suspensión del ejercicio de los derechos y las garantías, estatuto de excepción que deberá ser cuidadosamente discutido y aprobado, ya que en sus disposiciones reglamentarias se establecerán la forma y términos en que podrán restringirse o suspenderse el ejercicio de los derechos y las garantías individuales que fueren obstáculo para hacer frente a una invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro evento social o natural que ponga en grave riesgo o peligro a la sociedad, temas que, debido a su extrema delicadez, tendrán que definirse con claridad y con pleno respeto a los derechos humanos y sobre todo a los tratados internacionales.
4.- Ley reglamentaria del artículo 33 de la Constitución en materia de expulsión de extranjeros, ordenamiento que deberá disponer el procedimiento jurídico-administrativo necesario para que el Ejecutivo de la Unión pueda verificar la detención y posterior expulsión de ciudadanos de otros estados, ya que el nuevo texto constitucional exige la satisfacción plena de la garantía de audiencia y defensa de la persona sujeta a procedimiento de expulsión.
5.- Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ordenamiento que tendrá que revisarse pormenorizadamente para adecuarse al nuevo orden constitucional, pues de acuerdo a la reforma, la CNDH gozará de nuevas y amplias facultades. Por principio de cuentas es necesario destacar que los servidores públicos a quienes se les formulen recomendaciones por violación a derechos humanos tendrán la obligación de pronunciarse fundada y motivadamente sobre la aceptación las mismas, y cuando estas recomendaciones no sean aceptadas, o bien sean incumplidas total o parcialmente, los servidores públicos responsables podrán ser compelidos a instancias de las respectivas comisiones de derechos humanos para que comparezcan ante los órganos legislativos competentes a explicar sus posiciones.
También será necesario introducir en esta nueva ley el nuevo estatuto procedimental para la elección del titular de la CNDH, así como de los miembros de su Consejo Consultivo, pues a sus respectivos nombramientos deberá preceder un proceso transparente de consulta pública.
En esta misma materia y debido a su importancia y trascendencia, considero que el Congreso de la Unión deberá emitir, por separado, una Ley Reglamentaria del artículo 102, último párrafo de la Constitución, en materia de investigación de violaciones graves a derechos humanos. Considero que deberá ser así, ya que de acuerdo al nuevo texto constitucional, la CNDH podrá, cuando lo juzgue conveniente, investigar hechos que constituyan violaciones graves a derechos humanos, facultad que antes de la reforma correspondía en exclusiva a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que, en su momento y por carecer de un reglamento aprobado por el Congreso de la Unión que regulara esa facultad investigadora, tuvo que dotarse a sí misma de la reglamentación necesaria a través de su Acuerdo General número 16/2007, reuniéndose de facto y contrario al texto del artículo 49 constitucional, dos poderes en una sola corporación.
También será necesario que el Congreso de la Unión efectúe en brevísimo término una reforma a la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 Constitucional, pues a raíz de la enmienda constitucional que ya se encuentra en vigor, la CNDH ha sido facultada para ejercitar la Acción de Inconstitucionalidad contra leyes de carácter Federal, Estatal y del Distrito Federal, así como en contra de los tratados internacionales suscritos por México, cuando sus disposiciones vulneren derechos humanos.
Igual facultad poseerán los organismos protectores de derechos humanos de las entidades federativas y del Distrito Federal, empero estos solamente podrán combatir mediante la interposición de la Acción de Inconstitucionalidad, las leyes emitidas por las legislaturas locales cuando sus disposiciones vulneren los derechos humanos.
Así pues, en la misma medida en que los organismos protectores de derechos humanos comiencen a deducir sin limitación alguna acciones de inconstitucionalidad en contra de ordenamientos federales y estatales cuyas disposiciones vulneren derechos humanos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación contribuirá enormemente en la depuración de nuestro anquilosado sistema jurídico, separando, mediante sendas declaraciones de invalidez, todas aquellas normas contrarias a la constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos.
Considero que el Congreso de la Unión le ha cumplido bien a México con la aprobación de una reforma de tanta amplitud en materia de derechos humanos; estoy seguro que el Poder Judicial Federal cumplirá con la tarea secundaria que necesariamente se asocian a tan amplio proyecto, a quien corresponderá la definición de los nuevos criterios jurisprudenciales bajo los cuales se hará la nueva interpretación constitucional respecto a los derechos fundamentales, así como la obligada aplicación en todas sus resoluciones de los principios consagrados en los tratados internacionales..
Corresponde desde ahora al Ejecutivo Federal ofrecer pruebas evidentes de que el gobierno “presta oídos” a los reclamos que en materia de justicia con dignidad y respeto a los derechos humanos y los tratados que se le hacen en diversas partes de la nación; es decir se requiere de una definición clara y categórica por la opción del respeto a los derechos humanos que de cumplimento puntual a los nuevos parámetros que exige la constitución.
Los mexicanos no solamente demandamos leyes que respeten y otorguen plena vigencia a los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales; leyes que protejan la vida y la libertad de decidir; leyes que prevengan y sancionen la tortura; leyes que erradiquen la esclavitud y el trabajo forzado, que aún en contados casos, se resiste a desaparecer de nuestro país; leyes que otorguen al perseguido y al menesteroso el derecho de asilo, de refugio o de asistencia humanitaria; leyes que protejan claramente a nuestras mujeres, niños, ancianos y personas con capacidades diferentes; leyes que protejan la identidad cultural de nuestros los pueblos indígenas; leyes tendientes a erradicar la discriminación en todas sus formas; leyes que promuevan la tolerancia, la libertad de pensamiento, de conciencia y de creencia religiosa; leyes que promuevan la creación de fuentes de trabajo digno y bien remunerado, leyes que protejan el derecho a la salud y el derecho a habitar un medio ambiente saludable; leyes que respeten los principios de legalidad, de seguridad jurídica y presunción de inocencia y, en general, leyes cuyo único propósito sea la protección de los derechos fundamentales del hombre; no, los mexicanos no sólo ambicionamos todos esos bienes; también demandamos que todos aquellos en quienes descansa la potestad de hacer que las leyes tengan exacta y debida observancia, cumplan eficazmente con la importante y delicada función que se les ha encomendado.
Pero a pesar de tantos y tan buenos augurios, la reforma recién promulgada es, apenas, el punto de partida de una larga marcha que pondrá a prueba nuestra capacidad de adaptación al nuevo orden constitucional. Será necesario transitar por un largo proceso de transformación de las prácticas inveteradas para al mismo tiempo ir construyendo una nueva y autentica cultura de respeto a la legalidad, para que el trabajo hasta hoy realizado, y del que tanto nos enorgullecemos, no quede sólo en una aspiración a la dignidad.
Herramientas para combatir la delinciuencia
Le hemos otorgado al Presidente Calderón más y mejores herramientas para combatir a la delincuencia; Arturo Zamora Jiménez
Puerto Vallarta, Jalisco.- Con la aprobación de la Cámara de Diputados para tipificar como “narcoterrorismo”, los actos que lleve a cabo la delincuencia organizada, y la creación de la Policía Fronteriza, para hacer frente a los delitos cometidos en las fronteras del país, se le han entregado al Presidente Calderón más y mejores herramientas para combatir a los criminales, señaló el diputado federal, Arturo Zamora Jiménez.
El legislador federal por el PRI dio una conferencia magistral como parte del Séptimo Congreso Mundial de Ciencias Forenses, realizado en Puerto Vallarta, Jalisco, que organiza el doctor en criminología, Alfredo Rodríguez García.
Zamora Jiménez comentó que a los delitos se les debe llamar por su nombre y a los actos que lleve a cabo la delincuencia organizada, o personas en lo particular, para “intimidar a la sociedad, así como difundir sus actividades o posturas ideológicas, o presionar a la autoridad para que tome una determinación”, y utilicen en esas prácticas sustancias tóxicas, explosivos o armas de fuego, son narcoterrorismo.
El diputado Arturo Zamora dijo que el 'narcoterrorismo' será sancionado con penas que van de los 10 a 50 años de cárcel.
Destacó que con estos cambios al artículo 139 del Código Penal federal, se tipifican por vez primera 'actos realizados por la delincuencia organizada para intimidar, causar alarma y temor a la población'.
Luego sostuvo que la iniciativa es una respuesta a las acciones que perpetró la delincuencia organizada en Morelia, Michoacán, la noche del 15 de septiembre de 2008, cuando lanzó una granada contra la población; a la explosión de carros-bomba en Juárez, Chihuahua y, más recientemente, a la serie de actos violentos, entre ellos los “narcobloqueos”, ocurridos en Nuevo León, Michoacán o Jalisco.
Arturo Zamora explicó que también se sancionará a quien realice actos en contra de las personas, las cosas o servicios públicos, que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, para atentar contra la seguridad nacional, intimidar a la sociedad, así como para presionar a la autoridad para que tome una determinación.
Otra reforma lograda por Zamora Jiménez en la Cámara de Diputados es l creación de la Policía Fronteriza, que ejercerá las facultades de prevención y vigilancia en la persecución e investigación de los delitos bajo la dirección del Ministerio Público federal en puertos, aeropuertos y zonas fronterizas.
La reforma a la Ley de la Policía Federal establece que la PF contará con un cuerpo especializado en seguridad fronteriza en el ejercicio de las atribuciones en esas zonas.
La Policía Fronteriza ejercerá facultades de prevención, persecución e investigación de delitos de carácter federal, específicamente el tráfico de armas, explosivos, insumos para el fomento de la adulteración de medicinas, bebidas alcohólicas o cualquier otra sustancia de consumo humano, así como vigilar los procedimientos en materia aduanal.
Además para perseguir delitos de trata de personas y tráfico de órganos, así como para establecer rangos de control y protección a los derechos humanos.
Zamora Jiménez, quien junto con el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, promovieron la reforma, dijo que la violencia en la frontera norte ha alcanzado tal magnitud que casi una tercera parte del total de muertes ocasionadas por la guerra contra el narcotráfico han ocurrido en 37 municipios fronterizos ubicados en seis estados: Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
En estas 37 demarcaciones, que representan el 1.5 por ciento del total de municipios, se acumulan 10 mil 203 asesinatos de los 34 mil 612 contabilizados desde inicios del actual sexenio hasta diciembre de 2010, según la Base de Datos de Homicidios Presuntamente Relacionados con el Crimen Organizado.
Por lo anterior, las calles de la frontera han sido el principal escenario de violencia, donde siete de cada diez ejecuciones tuvieron lugar en plena vía pública, añaden.
Con estas reformas, que ya fueron turnadas a la Cámara de Senadores para su dictaminación, el poder legislativo federal le otorga al ejecutivo mejores herramientas para combatir a la delincuencia orgainzada, al actualizar el marco legal del país.
Durante el Séptimo Congreso Mundial de Ciencias Forenses participaron especialistas en criminalística en distintas áreas, antropología forense, seguridad nacional, psicología forense, servicios periciales, odontología forense, medicina forense, entre otras especialidades.
Ciegos y desmemoriados
Situados en un escenario de hartazgo y decepción del electorado frente a sus gobiernos estatal y federal, que apunta claramente a la alternancia, panistas locales muy notables están decididos a convencer a la ciudadanía del peligro que supone el regreso del PRI al poder y “contrastar los Gobiernos del PAN en Jalisco con los últimos años de Administraciones priistas”. No rehúyo el debate, aunque no creo que esto sea lo que espera la sociedad de los políticos.
La estrategia electoral del PAN consistente en criminalizar la política manipulando abiertamente al aparato de seguridad y procuración de justicia, bloquear irresponsablemente la gestión pública de los adversarios y fomentar el miedo al regreso del PRI.
Lo primero que deberíamos hacer, entonces, es situar los datos en un contexto pertinente. No existe así punto de comparación entre las administraciones priistas estatales hasta 1994 y las panistas de entonces a la fecha.
El presupuesto ejercido aquel año fue de 10 mil 137 millones de pesos contra 71 mil millones en 2010, 7 veces más. Durante las administraciones priistas se creó y construyó Pensiones del Estado, el SIAPA, SISTECOZOME, las dos líneas del Tren Eléctrico Urbano, la Biblioteca Pública del Estado, el Consejo Metropolitano, la Central de Reportes de Emergencia, los parques metropolitanos, la Avenida Lázaro Cárdenas, los primeros pasos a desnivel en López Mateos, Patria y Periférico y una obra de infraestructura carretera, hidrológica y de riego impresionante, por dar solo algunos ejemplos.
Lejos de construir nuevas instituciones y dar continuidad a buenas políticas, el panismo ha socavado unas y desviado otras.
Durante los gobiernos de Acción Nacional se aumentaron los sueldos, se crearon los bonos, se generó una tendencia al incremento de la burocracia en forma exponencial.
En el último gobierno estatal priista se destinaba 20 por ciento al gasto administrativo y 18.5 por ciento a obras públicas; hoy se destina el 35 por ciento a mantener la burocracia (los salarios de altos funcionarios se han triplicado) y sólo 4.6 por ciento a obras.
Otro aspecto que ha dañado a las administraciones públicas ha sido la creación de innumerables institutos, consejos, secretarías, organismos al por mayor, que para lo único que sirven es para generar espacios para las personas que son afines a su partido político, desplazando el talento y la experiencia de muchos jaliscienses.
Con Acción Nacional se construyó un Macrobús que fracturó la ciudad, se encuentra en quiebra y es recurrentemente subsidiado; se edificó un costosísimo puente atirantado sin necesidad alguna; la deuda pública creció 239 por ciento, y el desempleo pasó del 3.8 al 6 por ciento.
Es evidente que por los gobiernos de Acción Nacional se duplicó el consumo de drogas en el país, además, el 78 por ciento de los delitos son cometidos por jóvenes de 14 a 21 años, y esto no puede ser culpa del pasado, porque esos jóvenes crecieron con gobiernos panistas.
Por el gobierno del PAN 230 mil mexicanos han sido desplazados por falta de garantías y seguridad, además de que 40 mil han solicitado asilo a Estados Unidos y Canadá.
México ha perdido competitividad y productividad. Expertos economistas consideran un misterio cómo fue posible que los ingresos extraordinarios por concepto de exportaciones petroleras no se hayan traducido en crecimiento del PIB.
Según Transparencia Internacional subimos 47 lugares en su ranking de corrupción, lo que indica que en 10 años se duplicó.
Es muy desafortunado que, de nueva cuenta, la estrategia de Acción Nacional consista en atacar a sus adversarios políticos, señalándolos como "lo peor que puede pasar", con este discurso que sólo envenena el ambiente y rompe los puentes del diálogo político.
El panismo en el poder sigue estancado en el rencor social soterrado que sale a la luz en el discurso ambiguo pero de una violencia emocional intimidante.
Pese a todas estas evidencias, no es esta clase de debate el que espera y merece nuestra sociedad. Ejerciendo la política con seriedad, responsabilidad y sentido de autocrítica, el PRI entiende muy bien el contexto histórico en que actuó en el México posrevolucionario, en la posguerra y la era de la globalización, reconoce los errores y desgastes en que incurrió en el pasado reciente y refrenda su clara vocación de constructor de las instituciones, promotor de las grandes reformas que han modernizado y democratizado a México, mantiene su firme voluntad de no ceder ante las provocaciones de una burocracia panista advenediza, pragmática e insensible y su proyecto de devolver a Jalisco la concordia y la voluntad de progreso que merece.
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