La redición de cuentas de los servidores públicos en México es un concepto muy utilizado en el discurso, pero que poco se lleva a cabo en la práctica.
Entendemos por rendición de cuentas la obligación de los servidores públicos por dar a conocer las acciones que realizan, explicar sus decisiones, el costo de las mismas y sujetarse a sanciones en caso de violar la ley.
La rendición de cuentas es una práctica que busca generar equilibrio, encontrar controles y contrapesos entre gobernantes y gobernados, así como evitar abusos de poder por parte de quienes ostentan el poder.
En el mundo de la política democrática la rendición de cuentes es, hoy, una exigencia.
La rendición de cuentas está conformada por tres elementos indispensables para que sea eficaz. La obligación de los servidores públicos de informar sus actos, justificar en público sus decisiones y la supeditación a la amenaza de sanciones en caso de no cumplir con la ley.
En el discurso, el Presidente Felipe Calderón se comprometió a la “Transparencia y la Rendición de Cuentas, según lo estableció en el apartado 5.5 de su Plan Nacional de Desarrollo.
Y lo define así: “la rendición de cuentas y la transparencia son dos componentes esenciales en los que se fundamenta un gobierno democrático. Por medio de la rendición de cuentas, el gobierno explica a la sociedad sus acciones y acepta consecuentemente la responsabilidad de las mismas. La transparencia abre la información al escrutinio público para que aquellos interesados puedan revisarla, analizarla y, en su caso, utilizarla como mecanismo para sancionar. El gobierno democrático debe rendir cuentas para reportar o explicar sus acciones y debe transparentarse para mostrar su funcionamiento y someterse a la evaluación de los ciudadanos”.
Felipe Calderón incluso enuncia y da cuenta de una estrategia para “fomentar una cultura cívica de transparencia y rendición de cuentas”.
Pero en el Gobierno federal la rendición de cuentas es sólo un discurso, tan es así que cuatro secretarías y casi 30 organismos públicos operan sin titulares de sus órganos internos de control.
Se trata de una anomalía grave y negligente que “casualmente” coincide con la etapa de campañas electorales en algunos estados y previa a la contienda electoral del 2012.
Este hecho deja las manos sueltas a la alta burocracia sobre el manejo de por lo menos 200 mil millones de pesos, tan sólo este año.
Las secretarías que operan sin contralor son Hacienda, Gobernación, Economía y Salud, en lo que constituye un claro abandono por parte del ejecutivo federal de las responsabilidades con el combate a la corrupción en el sector público.
En la Secretaría de Hacienda la dependencia incurre en subejercicios y los recursos ociosos se envíen a fideicomisos especiales, desde donde se emplean de manera discrecional.
Entre las dependencias que carecen de un contralor interno o que funcionan con un interino se encuentran el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes; Caminos y Puentes Federales; Aeropuertos y Servicios Auxiliares; la Comisión Nacional de Valores; la Comisión Nacional Forestal; Financiera Rural.
La lista continúa con la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajador, el Servicio Postal Mexicano, el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), el Consejo Nacional de Población, la Comisión Nacional de Ayuda a Refugiados y la Universidad Pedagógica Nacional, entre otras.
De acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal le corresponde a la Secretaría de la Función Pública designar y remover a los titulares de los órganos internos de control de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y de la Procuraduría General de la República, así como a los de las áreas de auditoría, quejas y responsabilidades de tales órganos, quienes dependerán jerárquica y funcionalmente de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, tendrán el carácter de autoridad y realizarán la defensa jurídica de las resoluciones que emitan en la esfera administrativa y ante los Tribunales Federales, representando al Titular de dicha Secretaría.
En México el fin de la impunidad se ha convertido en un reclamo ciudadano cotidiano, ya que todo indica que la actual administración del Ejecutivo federal institucionalizó la impunidad.
El gobierno de Felipe Calderón opera como una camarilla unida por la ambición y la complicidad, en donde la ley se ha convertido en una herramienta disciplinaria contra los disidentes, los incómodos. El castigo toca a los enemigos, no a los que faltan a la ley.
La exigencia ciudadana por una rendición de cuentas efectiva es un clamor por castigos efectivos.
Hoy en cuatro secretarías de Estado y 30 órganos de gobierno no existe quien le cuide las manos a los servidores públicos.
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